Autor: delsurnoticias

El organismo multilateral dijo cuánto caerá la economía este año y qué ocurrirá en 2025 y 2026.

El Banco Mundial cambió su pronóstico sobre la Argentina y dijo que la economía caerá este año.

Estimó que el Producto Bruto del país tendrá una caída de 2,8% en 2024. 

De esta manera, el organismo corrigió a la baja en 5,5 puntos porcentuales su proyección de principios de año, cuando estimaba que habría crecimiento de 2,7% en el país.

La continuidad de la recesión ocurrirá «debido al plan de estabilización que está siendo implementado por el nuevo Gobierno, que incluye el realineamiento de precios relativos y la eliminación de desequilibrios fiscales y externos».

William Maloney, economista Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, afirmó: «La revisión es por los recortes del gasto público tan fuertes, que eran necesarios para alcanzar el equilibrio fiscal, y por los aumentos de precios».

Además, sobre la dolarización que impulsa Javier Milei, dijo que «probablemente estas medidas eran necesarias. La inflación estaba alimentada por estos desequilibrios. Esta es la forma de armar un crecimiento sólido y una condición previa para la dolarización, que no se puede hacer hasta que no haya una base fiscal sólida».

«El Gobierno está obrando bien tratando de controlar los gastos fiscales», indicó.

Además, repitió un pedido que ya hizo el FMI: “En el Banco Mundial queremos asegurarnos de la protección de las familias vulnerables, haciendo que los servicios públicos sean más eficientes, con seguridad alimentaria y buena salud pública”.

Al mismo tiempo, el Banco Mundial prevé una fuerte recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) de la Argentina en los años subsiguientes: en 2025 habría un crecimiento de 5% -frente al 3,2% calculado meses atrás- y en 2026, otro salto de 4,5%, gracias al impulso de «condiciones climáticas mejoradas, inversiones en el sector energético y la normalización de la producción agrícola».

«La inflación aumentó considerablemente en diciembre de 2023, impulsada por el efecto de una devaluación de la tasa de cambio oficial y la eliminación de controles de precios. Aunque la asistencia social está bien dirigida, el valor real de los beneficios sociales, incluidas las pensiones y transferencias sociales, ha caído un 30% interanual en febrero de 2024», señaló el organismo en un reporte.

También remarcó los resultados fiscales que está arrojando el programa económico de Milei y Luis Caputo, aunque indicó que todavía el riesgo país se mantiene entre los más altos de la región.

En su reciente panorama sobre el país, el organismo planteó: «La economía se contrajo en un 1,6% en 2023 debido a desequilibrios macroeconómicos persistentes y a una severa sequía que provocó una disminución del 26% en la producción agrícola».

El organismo con sede en Washington, Estados Unidos, ejecutó desembolsos por unos 1.800 millones de dólares para la Argentina en 2023 y tiene previstos otros US$ 700 millones para 2024, monto que podría crecer considerablemente en los próximos meses. Argentina tiene con el Banco Mundial una cartera activa de 26 proyectos de inversión, por un total de US $8.460 millones en préstamos.

Haití y la Argentina son los únicos países de la región de América Latina y el Caribe que tendrán un desempeño negativo en 2024, según el Banco Mundial, que no hizo mediciones para Venezuela. El año pasado, estos dos países fueron junto a Perú los únicos que tuvieron recesión.

A nivel regional, el Banco Mundial prevé que el PIB se expandirá un 1,6% en 2024 y espera un crecimiento de 2,7% para 2025 y 2,6% en 2026. «Estas son las tasas más bajas en comparación con todas las demás regiones del mundo e insuficientes para impulsar la prosperidad», advierte el organismo.

Se realizó frente a la sede de Filosofía y Letras, en el barrio de Caballito

El segundo «Cacerolazo Educativo» convocado por el Centro de Estudiantes de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (CEFyL) se llevó a cabo esta tarde en el barrio porteño de Caballito.

El cruce de la Avenida Rivadavia y la calle Puan fue el epicentro de la protesta, y allí se hicieron presentes otros centros de estudiantes, la coordinadora intergremial (que nuclea a docentes, no docentes y estudiantes) y diferentes asambleas barriales.

Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS, subrayó que existe «una gran preocupación en la comunidad universitaria a nivel nacional», debido al «profundo vaciamiento que lleva adelante Milei».

«El recorte de Milei en infraestructura universitaria, en investigación y en salarios de docentes y no docentes significa además un gran ataque a un derecho esencial para toda sociedad como lo es el acceso a la educación, al conocimiento y al desarrollo independiente del país», añadió.

Además, y según detalló el centro de estudiantes, hasta el próximo viernes 12 se desarrollarán jornadas de clases públicas con aulas itinerantes sobre la calle Puan, donde se ubica la sede 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 

Las empresas licenciatarias tendrán la libertad de fijar sus tarifas. La normativa establece que los precios deben ser justos y razonables.

Una de las motivaciones detrás de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.

El gobierno emitió el Decreto 302/2024 para liberalizar el mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de esta manera elimina la regulación de precios en los servicios de telefonía, tv por cable e internet.

Este decreto, que modifica la Ley Argentina Digital N° 27.078, representa un paso hacia la desregulación de precios en el sector, con el objetivo de fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de todo el país.

Bajo este nuevo marco, los licenciatarios de servicios TIC tendrán la libertad de fijar sus tarifas, una medida que busca estimular la competencia en el sector y, como resultado, promover mejoras en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.

La publicación en el boletín oficial señala que “El presidente en acuerdo general de ministros decreta: artículo.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación´”.

A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.

La normativa establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables, garantizando que cubran los costos de explotación y permitan a todos los argentinos acceder a servicios de calidad.

Una de las motivaciones detrás de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.

El gobierno fundamenta su decisión con los siguientes argumentos: “Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”.

Además, el decreto sostiene “que en cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”.

Con esta medida, el gobierno promete transformar el paisaje de las telecomunicaciones en Argentina, pero su éxito dependerá de un equilibrio cuidadoso entre la libertad de mercado y la protección de los derechos de los consumidores.

Guillermo Francos, Nicolás Posse y Martín Menem compartieron un encuentro con los referentes de Hacemos Coalición Federal y la UCR; los borradores de la ley ómnibus y el paquete tributario estarían listos en las próximas horas.

El Gobierno se reunió este lunes con los diputados de Hacemos Coalición Federal y la Unión Cívica Radical para avanzar en definiciones sobre la nueva versión de la ley ómnibus y el capítulo fiscal, que ingresan en la recta final para su tratamiento legislativo. En ambos casos se trató de reuniones de carácter informativo de cara a la inminente entrega de las iniciativas, cuyos borradores está previsto que lleguen este martes a legisladores y gobernadores. Aunque aún no se confirmó oficialmente, en las reuniones el Gobierno planteó que el piso para la cuarta categoría de Ganancias sería de 1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y de 2,2 millones para los casados con dos hijos.

Ambos encuentros fueron en la sede del Ministerio del Interior. Los anfitriones fueron el titular de esa cartera, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que estuvieron acompañados por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien este domingo había deslizado la posibilidad de que el capítulo fiscal se demorara en su tratamiento, lo que fue descartado por Balcarce 50. Los funcionarios libertarios primero recibieron a Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy, que estuvieron poco más de una hora en el lugar.

Una hora después fue el turno de los radicales: Julio Cobos, Carla Carrizo, Lisandro Nieri, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Pablo Cervi y Pamela Verasay, además del secretario parlamentario del bloque radical, Alejandro Cacace.

En ambos encuentros se habló de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, con una escala progresiva que iría del 5 al 35%. En el Gobierno afirman que esa progresividad impactaría de forma ostensiblemente menor en los sueldos.

Por otro lado, todo indica que finalmente la oposición incluirá en el debate parlamentario una parte del capítulo de reforma laboral que contemplaba el DNU 70/2023, que fue frenada en la Justicia. Se trataría de la ampliación de períodos de prueba, la libre de elección de indemnización y la eliminación de multas a los empleadores. “Hemos dicho claramente que no compartimos el tema de cuota social y la obra social, porque son todos temas del derecho colectivo del trabajo y de las organizaciones sindicales”, dijo Pichetto al terminar el encuentro, en el que se mostró optimista sobre lo que puede pasar en Diputados a partir de la semana próxima. También destacó el ambiente de diálogo en referencia al período anterior.

Al cierre de esta jornada, en la que tanto en el oficialismo como en los dos bloques dialoguistas primaba el optimismo por el trámite legislativo, las fuentes señalaron que los radicales entregarán probablemente el miércoles su propuesta de reforma laboral para tratar en comisión. “Si es razonable, se suma en el dictamen y va con todo el resto”, detallaban fuentes gubernamentales.

Previamente, en la Casa Rosada explicaban que el plan es enviar al mismo tiempo los dos proyectos a la Cámara de Diputados, para que ingresen en comisión el próximo 17 de abril y sean tratados en el recinto el 24.

En la sede de Gobierno agregaban que, por cuestiones reglamentarias, el capítulo fiscal no puede ir dentro del nuevo proyecto de “Ley de bases” porque este ya tiene estado parlamentario. No así el paquete tributario. De todos modos, recalcaron que los dos serán tratados “juntos a la par”.

En la “Ley de bases”, que tendrá entre 10 y 12 capítulos (o títulos), estarán incluidos los siguientes ejes: reforma del Estado, facultades delegadas y empresas a privatizar, la regulación de los regímenes hidrocarburíferos y mineros, y el régimen de grandes inversiones. “Todo apunta al desarrollo económico vía desregulación y regímenes de promoción”, señalaron en el Gobierno, donde apuntaron que el listado de empresas a privatizar incluye a 13 compañías. La iniciativa original se extendía sobre 40 empresas estatales.

En el Gobierno afirman que los encuentros de este lunes serían los últimos antes de enviar el nuevo proyecto de ley ómnibus al Congreso. En las últimas semanas, tanto Francos como Posse mantuvieron reuniones con gobernadores y legisladores de estos y otros espacios.

En el Gobierno apostaron por la mesura y evitaron adelantar una definición. “Se está terminando de pulir. Es una discusión entre los gobernadores del norte y los del sur. Hay que encontrar el equilibrio”, había dicho más temprano una altísima fuente oficial. “Es para resolver un problema de la provincias”, completó y resaltó que aún quedaban pendientes charlas con algunos de los mandatarios provinciales y legisladores, como las que se concretaron en la tarde de este lunes.