Autor: delsurnoticias

El Gobierno vetó por completo la Ley Nº 27.794 que buscaba automatizar la distribución a las provincias. La decisión profundiza la tensión con los gobernadores.

El Gobierno de Javier Milei consumó este jueves un nuevo veto total a una ley sancionada por el Congreso, esta vez al Proyecto de Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La medida, formalizada a través del Decreto 652/2025, representa un duro golpe para los gobernadores, que esperaban esta normativa para asegurar fondos y reducir la discrecionalidad en su asignación.

El veto, que se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Garrahan, profundiza el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las provincias. Según supo Noticias Argentinas, la decisión agudiza el malestar en los distritos, que ven cómo se bloquean iniciativas clave para sus finanzas en un momento de tensión económica y política.

La ley vetada y los argumentos del Gobierno

El Proyecto de Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba modificar el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender «desequilibrios financieros y situaciones de emergencia» de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los puntos centrales de la ley vetada eran:

• Redistribución automática: Establecía que los recursos de los ATN serían redistribuidos «en forma diaria y automática» y en las mismas condiciones que la coparticipación federal.
• Integración a la masa coparticipable: Los recursos que la compusieran serían considerados «integrantes de la masa de fondos coparticipable».
• Inclusión de TDF y CABA: Consideraba los porcentajes reconocidos a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno, en los considerandos del Decreto 652/2025, argumenta que el Fondo de ATN fue instituido con una «finalidad específica» de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior). Implícitamente, el veto busca preservar la capacidad del Ejecutivo de asignar estos fondos de manera discrecional, rechazando la automatización y la integración a la masa coparticipable.

Este nuevo veto se da en un contexto de recomposición de la estrategia política del oficialismo tras la derrota en las elecciones de Buenos Aires, que incluyó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos. Sin embargo, estas medidas se ven opacadas por la intransigencia del Presidente ante cualquier iniciativa que considere un riesgo para el equilibrio fiscal, generando más roces con los gobernadores que reclaman mayor autonomía y previsibilidad en la recepción de fondos nacionales.

La caída del trabajo registrado responde al incremento de las desvinculaciones.

El empleo privado registrado se contrajo en julio en la comparación mensual e interanual y la tasa de despidos alcanzó el valor más alto del año y del mes desde 2016, según reflejó
la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora el Ministerio de Capital Humano.

A diferencia de junio, en el que se registró una leve expansión, durante el séptimo mes del año se observó una caída de 0,2% mensual en el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 trabajadores en el total de los aglomerados urbanos relevados. La merma fue de igual magnitud en el conjunto de los aglomerados del interior que en el aglomerado del Gran Buenos Aires (-0,2%).

A nivel de rama de actividad, el reporte indicó que “se observó que el empleo industrial mantiene el mismo nivel que el mes pasado, mientras que en el resto de los sectores se observan variaciones negativas”.

La mayor caída del empleo privado se registra en la Construcción y los Servicios financieros y en las empresas (-0,5%). Por su parte, el empleo en el sector de Transporte, almacenaje y comunicaciones se redujo 0,3%; en el Comercio, restaurantes y hoteles, un -0,2% y en el sector de Servicios comunales, sociales y personales la contracción fue menor (-0,1%).

En términos interanuales, también se presentó una contracción de 0,2% y en la comparación con los meses de julio de los años anteriores, se observa un valor similar a los meses de julio de los años 2018 y 2019.

Las contrataciones de personal, medidas por la tasa de entrada, se mantuvieron constantes con respecto a junio (1,8) mientras que las desvinculaciones, medidas por la tasa de salida, se incrementaron 0,5 puntos porcentuales y se ubican en 2,0.

De este modo, la EIL argumentó que “la expansión de las bajas de personal en un contexto en el que se mantienen las contrataciones explica la caída del nivel de empleo neto observado durante julio”.

En este marco, tanto los despidos incausados como las suspensiones en el empleo privado registrado se incrementaron levemente en julio con relación al mes previo. La incidencia de los despidos incausados en el empleo registrado privado en julio fue de 0,6 cada 100 trabajadores, “verificándose un leve aumento con relación al mes pasado y resultando el valor más alto del año”.

En términos interanuales, los despidos aumentaron levemente en relación con julio de 2024; y en comparación con los meses de julio de los años anteriores, se observa el valor más alto desde julio de 2016.

El empleo suspendido presentó en julio un leve incremento respecto de junio y se ubicó en 0,4 suspensiones cada 100 trabajadores. Por su parte, la contabilización de las empresas que aplicaron suspensiones ascendió en julio y se ubicó en 6,0%, alcanzando “un nivel superior al de los meses de julio de los últimos tres años”.

Este panorama se exhibió también en junio por medio de lo informado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), donde se detalló que en dicho mes el empleo asalariado en el sector privado alcanzó los 6,241 millones de personas, registrando una variación del -0,2% en relación con el mes anterior (12 mil trabajadores menos). A nivel semestral, se incorporaron 71 mil trabajadores al sector privado.

Salarios

En este contexto, la remuneración nominal bruta promedio de junio de 2025 fue de $2.380.439 con un incremento del 46,2% en relación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $1.876.003, registrando un aumento del 49% en la comparación interanual.

Desde el Gobierno remarcaron que “el salario promedio del empleo registrado privado creció en términos reales por segundo mes consecutivo en julio de 2025, con una suba mensual del 0,7%”, destacando que “logró recuperar parte del poder adquisitivo perdido en marzo, abril y mayo”.

Al respecto, señalaron que “sumado al incremento del 1,1% registrado en junio, se acumulan dos meses de recuperación, con una mejora total de 1,8 puntos porcentuales en la capacidad de compra de los salarios”.

A través del Decreto 647/2025, el Poder Ejecutivo vetó íntegramente el Proyecto de Ley Nº 27.795.

El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. Según supo Noticias Argentinas, el veto generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.

Los puntos clave del Proyecto de Ley vetado:

El Proyecto de Ley de «Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente» Nº 27.795 buscaba:

La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:

• Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
• Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:
  • Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.
  • Garantizar la formación continua.
  • Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
  • Incrementar recursos para tecnología digital.
  • Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.
  • Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
  • Promover la función de extensión universitaria.
  • Desarrollar la función de investigación.
  • Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
  • Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.
  • Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.
• Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.