Abogados de Sarmiento cuestionan acuerdo del Superior Tribunal

El Colegio Público de Abogados de Sarmiento, difundió un comunicado, manifestado su preocupación por la “situación institucional” de la justicia en Chubut.

En este sentido manifestaron cuestionamiento a recientes decisiones del  Superior Tribunal de Justicia, donde señalan “En particular, advertimos que lo dispuesto mediante el Acuerdo Plenario N.º 5412/2025 y otras acordadas conexas, ha generado razonables cuestionamientos, tanto dentro del ámbito judicial como en el conjunto de la ciudadanía”.

Cabe señalar que ese acuerdo establece aumentos salariales para miembros del Superior Tribunal, Procurador General y el Defensor General, bajo conceptos como «gastos de investidura”.

COMUNICADO:

El Colegio Público de Abogados de Sarmiento manifiesta su profunda preocupación ante la situación institucional que atraviesa el Poder Judicial de la Provincia del Chubut, en especial a partir de recientes decisiones adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia.

En particular, advertimos que lo dispuesto mediante el Acuerdo Plenario N.º 5412/2025 y otras acordadas conexas —que establecen aumentos salariales para miembros del Superior Tribunal, el Procurador General y el Defensor General, bajo conceptos como «gastos de investidura»— ha generado razonables cuestionamientos tanto dentro del ámbito judicial como en el conjunto de la ciudadanía.

Estas decisiones se han adoptado sin la debida publicidad y fuera del marco del sistema de porcentualidad previsto por la Ley I N.º 301, cuyo objeto es garantizar equidad y proporcionalidad en las remuneraciones de toda la estructura del Poder Judicial. Asimismo, preocupa la utilización de partidas presupuestarias bajo conceptos como “gastos reservados” o “gastos sin discriminar”, sin el correspondiente detalle ni control externo.

Entendemos que, en un contexto de restricciones económicas que afectan a todos los poderes del Estado, resulta indispensable que las medidas adoptadas por el máximo tribunal se ajusten estrictamente a los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

A ello se suma la reiteración de designaciones en cargos jerárquicos sin procesos públicos ni sustanciación de antecedentes, situación que puede debilitar la confianza en el acceso equitativo a los cargos y en los principios de idoneidad y mérito que deben regir la función judicial.

Desde esta Institución reafirmamos nuestro respeto por la independencia del Poder Judicial y por los derechos del personal judicial a condiciones laborales dignas. Sin embargo, consideramos necesario un esfuerzo institucional para reforzar la legitimidad de las decisiones adoptadas, promover prácticas acordes a los valores republicanos y contribuir a preservar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

En esa línea, instamos al Superior Tribunal de Justicia a considerar el impacto de las medidas implementadas y a brindar información clara y completa sobre los criterios que las fundamentan. La transparencia y la coherencia con la normativa vigente son pilares esenciales para garantizar el fortalecimiento institucional del Poder Judicial.