Rawson: seis condenas y dos absoluciones por los incendios a edificios públicos
La jueza Eve Ponce declaró penalmente responsable a cinco hombres y una mujer por los hechos ocurridos en diciembre de 2021. Declaró invalido el alegato fiscal en cuanto a las penas requeridas y ordenó una nueva audiencia de cesura, solo para los culpables.
La jueza penal Eve Ponce dio a conocer este mediodía su resolución respecto a la responsabilidad de ocho imputados por los destrozos e incendios que afectaron edificios públicos en la ciudad de Rawson, en diciembre del año 2021. La magistrada declaró penalmente responsable a seis de las personas acusadas por distintos delitos, principalmente daño agravado e incendio; en tanto dictó dos absoluciones.
En su fallo, declaró la invalidez por un defecto formal del alegato fiscal en cuanto a las penas pretendidas para los acusados y para sanear el proceso ordenó la renovación del acto procesal, al tiempo que dispuso que la Oficina Judicial Rawson deberá fijar fecha de audiencia de juicio de cesura respecto de aquellos imputados que hayan sido declarados responsables penalmente.La jueza también ordenó la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Forense y de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios a los efectos de que elaboren informes de carácter psicológico y socio ambiental respecto a uno de los condenados. Por otra parte, puso en conocimiento de la Procuración General Provincial de la posible comisión de delitos de acción pública.
Condenas y absoluciones
Lucas Alexis Espinoza, Lourdes Ariadna Nicole Molina Leguiza, Damián Andrés Díaz y Nicolás Alejandro Díaz fueron declarados autores penalmente responsables del delito de daño agravado, en tanto que Gastón Velásquez fue declarado responsable por el delito de daño agravado -tres hechos – en concurso real entre sí, en concurso real con hurto agravado.
En el caso de Mauricio Naum Vargas, fue responsabilizado por incendio en concurso real con hurto agravado.
Por otro lado, Lautaro Martínez y Brian Díaz fueron absueltos libremente tras no acreditarse su responsabilidad penal en los episodios que afectaron al Superior Tribunal de Justicia y al Ministerio Público Fiscal.
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