Bomberos Voluntarios de Chubut aclaran el anuncio del Gobierno sobre el giro de fondos: «No es un aporte, es pago de deuda»

Desde Chubut, los bomberos denunciaron que los fondos no representan una ayuda extraordinaria por los incendios, sino el pago de deudas arrastradas del ejercicio 2025 y el cumplimiento de la Ley 25.054, financiada por los propios ciudadanos a través de sus seguros.

Luego de casi dos meses de lucha contra los incendios forestales en la Patagonia, el Gobierno realizó una serie de anuncios ante las críticas por la administración nacional del combate contra el fuego. Además de declarar la emergencia ígnea —que fue solicitado por las provincias—, también anunciaron fondos para bomberos voluntarios por $100 mil millones. Esta decisión quedó formalizada con la publicación de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva.

En detalle, la normativa establece que las asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. El monto será distribuido entre 1.062 entidades, lo que representa una asignación individual de $94.924.971,75 para cada cuartel. Asimismo, las entidades de segundo grado percibirán otros $7.754 millones para gastos de funcionamiento.

La respuesta desde el sur no tardó en llegar, desarmando el relato de la «ayuda extraordinaria». Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, aclaró que los recursos transferidos «no constituyen un aporte extraordinario ni una ayuda adicional vinculada a los incendios forestales que afectan la Patagonia».

Según la Federación, se trata simplemente del cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.054, que desde 1998 establece que el sistema se financia con el 5% de las primas de seguros de automotores y viviendas. Los bomberos explicaron que el Estado solo administra un dinero que ya aporta la población. La crítica más dura reside en la oportunidad del pago: «La transferencia actual corresponde a fondos que estaban adeudados del ejercicio 2025, dado que durante ese año no se efectuó la totalidad de los giros correspondientes», sentenciaron. Es decir, el Gobierno está usando fondos que no pagó oportunamente el año pasado para presentarlos hoy como una respuesta de emergencia a la crisis ígnea.

Para dimensionar el impacto de los casi $95 millones por cuartel, los bomberos pusieron el foco en los costos operativos reales. Equipar a un solo brigadista con los elementos básicos de seguridad es una tarea titánica en términos económicos: «Recordá que vestir un bombero voluntario con un traje forestal completo ronda aproximadamente —de base— los $5.000.000», concluyeron. Bajo esta lógica, el giro nacional alcanzaría apenas para equipar a menos de 20 bomberos por asociación, sin contar el mantenimiento de autobombas, combustible y logística aérea.

Por otro lado, la oposición ha tomado nota de este desfasaje. La diputada nacional Gabriela Estévez (UxP) presentó un pedido de informe denunciando que el Ejecutivo “se quedó con cerca de $ 43.000 millones, más de la mitad de los fondos que debía girar a los bomberos, sin dar ninguna explicación”, en referencia al remanente del 2025. Mientras que para 2026 se preveían giros por casi $129.000 millones, los anuncios actuales apenas alcanzan los $120.000 millones, dejando un bache financiero en medio de la peor crisis ambiental de los últimos años.

La controversia pone de manifiesto una desconexión entre la narrativa de la Casa Rosada y la urgencia en las provincias patagónicas. Para los cuarteles, el anuncio oficial es una obligación legal demorada y no un «gesto» de la administración de Javier Milei. En un contexto donde el fuego ya consumió miles de hectáreas, la discusión sobre si el dinero es «nuevo» o «adeudado» no es menor: determina la capacidad real de los bomberos para renovar equipos que se desgastan a un ritmo acelerado en el frente de batalla.