Anunciaron un nuevo paro universitario y advierten que “el segundo cuatrimestre está en riesgo”

La medida de fuerza será del 16 al 20 de junio. Denuncian falta de convocatoria a paritarias, deterioro salarial y desfinanciamiento de las universidades públicas.

La CONADU Histórica resolvió profundizar el plan de lucha docente universitario con un nuevo paro nacional para la semana del 16 al 20 de junio. La decisión fue tomada este miércoles durante el plenario de Secretarías Generales de la federación, donde además se advirtió que “el segundo cuatrimestre está en riesgo”.

Desde el gremio señalaron que el conflicto universitario continúa agravándose ante la falta de respuestas del Gobierno nacional y denunciaron que no existe ninguna convocatoria oficial a paritarias docentes universitarias y preuniversitarias.

“La política de ajuste deteriora los salarios, vacía las universidades y pone en riesgo el derecho social a la educación superior”, expresaron en el comunicado difundido tras la reunión gremial.

Además del paro, la federación anunció que impulsará distintas acciones de visibilización en coordinación con el Frente Universitario, integrado por la FUA, el CIN y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Durante el plenario también se analizó el contexto político y social actual, así como la situación presupuestaria de las universidades públicas y las condiciones laborales del sector docente.

En ese marco, CONADU Histórica rechazó “categóricamente” cualquier intento de condicionar una eventual negociación salarial al abandono de las acciones judiciales impulsadas en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.

La ley no se negocia: la ley se cumple”, remarcaron.

El documento también hace referencia a la movilización del pasado 3 de junio por el Ni Una Menos, donde docentes y organizaciones universitarias volvieron a marchar “contra la responsabilidad del Estado y la justicia retrógrada en los femicidios más atroces”.

Por otra parte, la federación adelantó que convocará a un Congreso Extraordinario antes de finalizar junio para definir la continuidad del plan de lucha de cara al inicio del segundo cuatrimestre, que —según advirtieron— podría verse afectado “si no hay respuestas concretas” a los reclamos salariales y presupuestarios.

Finalmente, desde CONADU Histórica reafirmaron su defensa de la universidad pública, gratuita y con ingreso irrestricto, y aseguraron que continuarán profundizando las medidas gremiales frente al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

LA ÚLTIMA REUNIÓN ENTRE EL GREMIO Y LAS UNIVERSIDADES

El lunes pasado hubo un encuentro entre las autoridades del gobierno y referentes universitarios. Si bien habría habido algún tipo de propuesta desde el Ejecutivo, las negociaciones se habrían frenado por una condición impuesta desde Casa Rosada: que las universidades retiren la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La última medida de fuerza se llevó a cabo del 26 al 30 de mayo con retención de servicios en las principales universidades del país.

QUÉ OFRECIÓ EL GOBIERNO

La propuesta oficial contempla un aumento salarial del 24,3% para docentes universitarios. Ese incremento busca compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada entre 2024 y lo que va de 2026.

El esquema planteado prevé un pago en dos tramos: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

Además, el Ejecutivo ofreció:

• Un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano.
• Un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades.
• Un fondo extra de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

También se propuso crear una comisión técnica para revisar las partidas adeudadas correspondientes a 2024 y establecer negociaciones paritarias cada tres meses.

EL PUNTO QUE TRABÓ EL ACUERDO

Pese a que desde el ámbito universitario consideraron que la oferta era “razonable”, el acuerdo no prosperó por el pedido del Gobierno de retirar la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La ley, aprobada por el Congreso, obliga al Estado a actualizar salarios y becas de acuerdo a la inflación. Según las universidades, el incumplimiento de esa norma representa una deuda cercana a los 2,5 billones de pesos.

Desde el Ejecutivo sostienen que cumplir con ese esquema afectaría el objetivo de mantener el superávit fiscal.

Los rectores rechazaron retirar la demanda y remarcaron que la presentación judicial funciona como una garantía para defender el presupuesto universitario.

“Eso no va a suceder”, señalaron desde el sector universitario, aunque dejaron abierta la posibilidad de seguir negociando.

Mientras tanto, ambas partes continúan buscando una salida al conflicto que mantiene en alerta a las universidades públicas de todo el país.