La Legislatura aprobó el proyecto de alivio financiero para familias chubutenses con deudas bancarias

La Legislatura aprobó el proyecto de ley que establece un Sistema de Protección y Facilidades para residentes en situación de vulnerabilidad financiera y económica. Por un lado se crea un programa para facilitar la cancelación o refinanciación de deudas y, por otro, un nuevo régimen para las deducciones voluntarias sobre los haberes, con límites destinados a preservar los ingresos de los trabajadores.

El diputado Luis Juncos (Despierta Chubut) explicó que el proyecto se orienta a personas con deudas originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. Los nuevos créditos contemplados por el programa tendrán un tope de tasa nominal del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses.

Además, se prevé la participación del Banco del Chubut y la adhesión de otras entidades, con una exención del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses de los préstamos otorgados exclusivamente bajo las condiciones del programa.

“Este proyecto no es el final a esta problemática que vienen sufriendo muchas familias pero no es simplemente un cambio de nombre o de porcentaje; son herramientas importantes que se ponen a disposición de la gente para pasar estos momentos difíciles”, afirmó.

También desde Despierta Chubut, la diputada Sonia Cavagnini consideró que es “una salida ordenada” y “responsable” para trabajadores, jubilados y personas con ingresos modestos.
“Esta ley organiza, limita, aborda el problema y protege justamente a los más vulnerables”, sostuvo Cavagnini. La iniciativa busca brindar previsibilidad y evitar que las personas alcanzadas queden excluidas del sistema financiero.

La diputada Vanesa Abril (Arriba Chubut) acompañó la iniciativa, aunque advirtió que no es una solución integral al endeudamiento. “Es un programa de acompañamiento para refinanciar deudas. Hay que ser claros cuando le hablamos a la gente”, expresó.

Desde Arriba Chubut, el diputado Emanuel Coliñir planteó que el proyecto constituye una respuesta parcial ante una problemática vinculada con los ingresos. “Un salario digno sería un anuncio infinitamente mejor que un proyecto que no le va a terminar resolviendo los problemas reales a los trabajadores”.

Coliñir vinculó el nivel de endeudamiento con las dificultades de numerosas familias para afrontar sus gastos cotidianos: “Tenemos empleados públicos que no logran cubrir el costo de vida y, como no logran cubrir su necesidad alimentaria, acuden a refinanciar tarjetas de crédito y terminan cayendo en instrumentos financieros que son usureros”, expresó.

Coliñir mocionó para modificar el artículo 7 del proyecto, en relación con la adhesión de entidades financieras y proveedores no financieros mediante presentación ante la autoridad de aplicación. La modificación se introdujo al proyecto.

La diputada Andrea Toro (Partido Independiente del Chubut) objetó el régimen de deducciones y en la aplicación del límite del 25% sobre el salario bruto. “El problema es sobre qué se está haciendo ese descuento voluntario. Se está realizando sobre el bruto del salario del trabajador, no sobre lo que queda en el bolsillo”, manifestó.

Y consideró necesario establecer con mayor precisión el tratamiento de las deducciones frente a embargos judiciales o cuotas alimentarias. Se abstuvo en la votación.