La Legislatura aprobó el acuerdo entre Chubut e YPF

La Legislatura de Chubut aprobó este jueves la ley que ratifica el convenio suscripto entre el Gobierno provincial e YPF, mediante el cual la petrolera transfiere activos tras su retiro de las áreas convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge y abonará una compensación extraordinaria de 25 millones de dólares.

La iniciativa fue aprobada con 18 votos afirmativos. Acompañaron los 14 legisladores del oficialismo, la diputada Mariela Williams (bloque sastrista), Daniel Casal (Familia Chubutense) y los diputados Gustavo González y Mariela Tamame, de Chubut Unido. En tanto, Arriba Chubut, el PICH y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que la diputada Tatiana Goic estuvo ausente.

Antes de llegar al recinto, el proyecto incorporó modificaciones durante su tratamiento en comisión, con el objetivo de atender algunos de los planteos formulados por el municipio de Comodoro Rivadavia, sin alterar los términos centrales del acuerdo alcanzado con la empresa.

Uno de los principales cambios establece que los 25 millones de dólares que abonará YPF deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, servicios públicos, salud, seguridad, saneamiento y otras inversiones de interés público en Comodoro Rivadavia. La norma fija ese destino de manera expresa para impedir que los recursos puedan ser reasignados a otros fines.

Asimismo, la ley reconoce las competencias del municipio en materia de planificación urbana, uso del suelo, habilitaciones, control ambiental y poder de policía sobre los inmuebles alcanzados por el convenio.

Otro de los cambios incorporados amplía la integración del Consejo Consultivo que analizará el destino social de los edificios, clubes y terrenos transferidos por la petrolera. El organismo estará integrado por representantes del Gobierno provincial, del municipio de Comodoro Rivadavia y de organizaciones de la sociedad civil, aunque su carácter será consultivo.

La norma también contempla un régimen para la regularización dominial de inmuebles ocupados por clubes, asociaciones civiles y otras instituciones comunitarias. El procedimiento prevé relevamientos, permisos de uso y comodatos hasta concretar las transferencias definitivas, además de establecer restricciones para evitar la especulación inmobiliaria. En ese sentido, los bienes no podrán venderse, hipotecarse, cederse ni cambiar su destino durante un plazo mínimo de 20 años sin autorización expresa del Estado provincial.

Durante el debate legislativo, uno de los puntos más cuestionados por la oposición fue la cláusula de indemnidad ambiental incluida en el convenio, mediante la cual la Provincia renuncia a promover nuevos reclamos contra YPF por pasivos ambientales vinculados a las áreas comprendidas en el acuerdo. Los bloques opositores solicitaron mayores precisiones sobre el alcance de esa disposición y sobre la relación entre la compensación económica y los eventuales costos de remediación ambiental.

Con la sanción de la ley, el Gobierno de Chubut quedó habilitado para ejecutar el convenio, incorporar los bienes transferidos por YPF al patrimonio provincial y avanzar con las obras que serán financiadas con la compensación económica acordada con la empresa.