Milei enviará un proyecto para modificar la Ley de Glaciares

El Presidente anunció que buscará que cada provincia determine sus áreas periglaciares para avanzar con inversiones en proyectos de cobre.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso un proyecto de modificación de la Ley de Glaciares durante las sesiones extraordinarias. La propuesta apunta a que las provincias definan qué áreas se consideran zona periglaciar, con el objetivo de destrabar inversiones en grandes desarrollos mineros, principalmente de cobre.

El anuncio se dio en Corrientes, durante el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad. Allí, Milei planteó que la norma actual genera dificultades para avanzar con proyectos de exploración y explotación en la Cordillera. “Lo que permite este proyecto es que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar”, dijo. También señaló que la iniciativa surgió a partir de un planteo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La discusión sobre la ley y los alcances del inventario

La Ley 26.639, sancionada en 2010, prohíbe actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas glaciares y periglaciares. Mientras la presencia de glaciares se identifica mediante criterios uniformes, la definición de la zona periglaciar genera controversias desde hace más de una década.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo encargado de elaborar el Inventario Nacional de Glaciares. Su trabajo ha sido cuestionado por sectores empresariales, que sostienen que el registro incorpora superficies que no corresponden estrictamente a glaciares o geoformas periglaciares. Organizaciones ambientalistas, en cambio, plantean que el inventario excluye unidades menores a una hectárea y que la protección debe aplicarse con criterios más amplios.

El debate técnico, que se mantuvo vigente en los años posteriores a la sanción de la norma, ahora se reabre con el proyecto anunciado por el Gobierno.

Los proyectos mineros y el impulso provincial

Los gobiernos de San Juan, Catamarca y Salta encabezan el reclamo para modificar la ley, con el argumento de que la normativa actual dificulta avanzar en yacimientos de cobre considerados estratégicos. Entre ellos se mencionan El Pachón, en San Juan, y Vicuña, ubicado entre Argentina y Chile.

El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego trasladó la preocupación en una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli. En paralelo, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) volvió a plantear la necesidad de adecuar la ley para dar previsibilidad regulatoria.

Las provincias productoras insisten en que los recursos naturales están bajo su dominio, según la Constitución Nacional, y que deben tener un rol determinante en la definición de áreas donde es posible desarrollar actividad minera.

Las tensiones jurisdiccionales

La discusión sobre federalismo ambiental acompañó el proceso legislativo de la Ley de Glaciares desde su origen. Durante el debate parlamentario de 2010, los gobernadores de ocho provincias cordilleranas impulsaron iniciativas propias para ejercer control sobre la regulación del territorio. Jujuy, San Juan, La Rioja, Salta y Santa Cruz incluso sancionaron leyes locales de protección de glaciares.

En 2019, la Corte Suprema ratificó la validez de la ley nacional y señaló que su aplicación debía articularse entre autoridades provinciales y nacionales. Aun así, la tensión entre competencias continúa sin resolverse definitivamente.

El proyecto que enviará el Gobierno vuelve al centro de una controversia que combina criterios científicos, atribuciones provinciales, normativa ambiental y condiciones para el desarrollo minero.

Expectativas de inversión y tratamiento legislativo

El Poder Ejecutivo sostiene que la actualización normativa podría habilitar inversiones para proyectos de cobre que están en etapas de evaluación o predesarrollo. La estrategia se enmarca en la proyección de mayor demanda global de minerales críticos, impulsada por la transición energética.

La iniciativa ingresará al Congreso en el llamado a sesiones extraordinarias. Su avance dependerá del apoyo de las provincias mineras, del tratamiento de las comisiones especializadas y de la interpretación sobre el alcance de las competencias ambientales y territoriales.

El debate reabre una discusión que tiene más de una década y que vuelve a cruzar expectativas económicas, consideraciones ambientales y el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.