El Colegio de Escribanos de Chubut se reunió con los bloques de Legislatura en Rawson para pedirles que en la sesión extraordinaria de mañana no se apruebe el proyecto de ley para gravar la transmisión gratuita de bienes.

Los acompañaron miembros de Colegios de Abogados de la provincia. Tienen definido acudir a Tribunales si la iniciativa igual se vota.

Juan Pablo Gil Guerrero, vocal del Consejo Directivo de los Escribanos, explicó que estudian el proyecto desde que el miércoles lo conocieron. “Es un impuesto que sólo lo tiene Buenos Aires e implementado en un contexto muy particular”. Se lo intentó instalar en Entre Ríos pero los escribanos de esa provincia “lograron la acción de inconstitucionalidad”.

Explicó que la iniciativa “pretende gravar todo incremento que tenga una persona a título gratuito patrimonial, como sucesiones, donaciones, cobros de seguros, recepción de dinero en cajas de ahorro y de seguridad de un fallecido, absolutamente todo”. Gil Guerrero advirtió que “no enarbolamos una postura sino que advertimos la afectación que genera esta ley a derechos constitucionales nacionales y provinciales”.

El escribano subrayó que “la afectación es muy concreta; es una ley que no tiene que salir porque al día siguiente nos obligaría a nosotros o a cualquier particular a ir a la justicia a poner en funcionamiento todo un mecanismo en un momento en que la provincia institucionalmente no está para ese escenario”.

Es impuesto planeado “grava por igual a personas de todos los estratos sociales y una de sus graves consecuencias es que las familias, al no poder afrontar una sucesión o una donación, muchos inmuebles empiecen a quedar en forma irregular”. Según anticipó, “las sucesiones y donaciones no se hacen. El proyecto faculta a determinar los valores de bienes a valor de mercado”.

“El vecino tendrá que pagar una doble imposición por impuestos que ya pagó en vida quien adquirió el inmueble”, dijo Gil Guerrero. “El impuesto de Sellos en este momento es el más alto en el país, por ejemplo”. Sobre lo que sucedió en Entre Ríos, “ese fallo es muy gráfico: la Constitución establece el derecho de protección de la familia.

El escribano anticipó que de aprobarse, “es nuestra obligación” ir a la Justicia.