Gabriela Dufour analiza, punto por punto, los temas a tratarse en las sesiones extraordinarias el próximo 27 de diciembre, y cómo afectarán al delicado estado de las finanzas provinciales.
POR GABRIELA DUFOUR
La convocatoria a sesiones extraordinaria del próximo 27 de diciembre tiene en su Orden del Día, trece puntos a tratar, de los cuales diez corresponden a temas directamente vinculados con el ESTADO DE EMERGENCIA que tienen las finanzas publicas chubutenses, dos vinculados con Petrominera y la explotación hidrocarburífera, y la restante con la designación del Fiscal de Estado, responsable de defender los intereses del Estado Chubutense.
Circunscribiremos el análisis a los temas vinculados con las Finanzas Provinciales.
Los tres primeros proyectos en orden de presentación están vinculados con el cierre del Presupuesto del 2019, los dos primeros son compensaciones, mecanismo que permite cambiar el uso de los fondos públicos distinto al previsto en el Presupuesto original. En particular, existen cambios de destino de obras, del Instituto Provincial de la Vivienda, funcionamiento de diversos organismos y destina 12 millones de endeudamiento público al pago de pauta publicitaria, denominada formalmente difusión de actos de gobierno. Sin duda, el tercer proyecto es el de mayor impacto, que implica una ampliación presupuestaria de mas de 1.100 millones destinada en su casi totalidad a generar crédito para el pago de remuneraciones del Ministerio de Educación. En este ultimo proyecto, solicitan que la Legislatura le delegue en forma extraordinaria las funciones que la Constitución Provincial le otorga a la Casa de las Leyes para que sea el Poder Ejecutivo el que pueda, sin intervención de los diputados, realizar los cambios en el Presupuesto Provincial, habitualmente denominados súper poderes.
Muchas veces se discutió este punto y existen distintas posiciones. Consideramos que el Presupuesto es la Ley de Leyes y por dicha razón se debe discutir en un ámbito plural la localización de las Obras y su destino, los programas de gobierno -magnitud, importancia, prioridad, entre otras-, el nivel de endeudamiento y la planta máxima de personal, entre las decisiones más trascendentes de la gestión. Una vez establecidos esos limites, el Poder Ejecutivo podría realizar cambios que no afecten las obras por localidad, el tipo de inversión y los programas de gobierno, y si se necesitara debería ser la Legislatura la que lo decida. Desde hace algunos años, se puso en practica una modalidad que permite que el Poder Ejecutivo cambie todo el Presupuesto sin pasar por la Legislatura. Esto desvirtúa el sentido profundo del Presupuesto y muy especialmente la función y razón de ser del Poder Legislativo. Por eso, en este ultimo tiempo, se intentó recuperar la función que la Constitución (tanto la Nacional como la Provincial), le otorga a cada uno de los poderes, dejando en el Legislativo, que representa al pueblo y a los distintos territorios, las autorizaciones y los cambios sustantivos.
El Proyecto que se encuentra en cuarto lugar en el orden del día de la sesión extraordinaria es el PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA 2020. El mismo, claramente refleja la gravedad de la situación provincial, considerando un déficit primario de $ 1.320 millones y un resultado negativo final de $ 11.617 millones, que sumado al déficit del 2019 muestra que no se avizora a corto plazo una salida para la crisis. La cobertura del déficit se hará con endeudamiento, que está previsto en $ 16.400 millones, que representa según lo dicho en la nota de elevación el 18% del total de los ingresos, generando mayor dependencia de la actual, y una necesidad imperiosa de “reperfilamiento” de la deuda financiera (aproximadamente U$S 1.000 millones) contraída tanto en moneda nacional como moneda extranjera. Durante el 2020 se deberá afrontar en concepto de intereses y amortizaciones una suma de $ 13.954 millones y el compromiso mas importante corresponde al ítem de personal (64% de los ingresos totales), y tristemente sigue como en los últimos cuatro años, disminuyendo la inversión publica en obras. También incorpora la solicitud de súper poderes.
El quinto Proyecto, son las modificaciones al Código Fiscal. Son pocos los cambios, la incorporación de las operaciones electrónicas como ingresos gravados, algunas precisiones técnicas sobre las bases imponibles y una modificación importante referida a la extracción de recursos marítimos, restringiendo las exenciones solamente a la pesca artesanal que habitualmente se realiza en las zonas 1 y 4.
El sexto Proyecto es la Agenda donde se suspende el Consenso Fiscal 2017/ 2018, es importante rescatar la decisión del Gobierno Nacional que le devuelve a las provincias argentinas las potestades tributarias, permitiendo sin restricciones establecer una política fiscal acorde a las necesidades de cada distrito, en particular atento la gravedad de la situación provincial y del país, que se describe acabadamente en el mismo documento.
Resulta contradictorio que habiendo recuperado las potestades tributarias, teniendo la posibilidad de decidir qué sectores deben contribuir para afrontar en forma mas equitativa la crisis en Chubut, y alinearse con los criterios que el nuevo gobierno nacional planteo en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, veamos que en la ley de Obligaciones Tributarias –LOT 2020– se establecen criterios estrictamente contrarios. Así verificamos que en sectores ganadores de los últimos años en términos de renta, como la pesca, pasa de una tasa actual de ingresos brutos de 2%, al 0,75%, minas y canteras del 3% al 0,75%, igualan a las empresas constructoras sin radicación en el territorio chubutenses en 2.5% con las que tienen sus inversiones en Chubut, bajan las tasas por la actividad de servicios de telefonía del 8% al 6,5%, a las actividades financieras, los grandes ganadores del modelo especulativo que reinó en el país los últimos cuatro años, del 8 % al 5,5 % . Pero simultáneamente, aumentan los servicios que prestas el Estado (tasas) en algunos casos en más del 100 %, comprometiendo más el poder adquisitivo de los ciudadanos de nuestra Provincia. Mientras tanto, se continúa sin poner al cobro el Impuesto Inmobiliario Rural, que sí tienen que pagar los sectores urbanos. Decisiones de muy escasa racionalidad para unas finanzas públicas en crisis profunda y con servicios públicos esenciales prestados de manera harto insuficiente.
Los proyectos identificados como i) y j) corresponde al aumento salarial para las autoridades superiores del Poder Ejecutivo. Se vuelve a insistir con el enganche a del sueldo del Gobernador, con los de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, (sector que claramente se definió en estos últimos días como privilegiado) a través del sueldo del Procurador General. El Gobernador debe contar con una remuneración acorde a la responsabilidad y la función que desempeña, pero no parece adecuado que la misma se ajuste a una variable que nada tiene que ver con las finanzas provinciales y menos aún, con los salarios de todos los trabajadores públicos de Chubut.
El último de los proyectos es el que provoca mayor preocupación e incertidumbre, y es la LEY DE EMERGENCIA. Nadie duda de que con los datos objetivos que surgen del Presupuesto y de la ejecución presupuestaria, la Provincia está en CRISIS.
El texto de la Ley que se propone, es casi copia la Ley VII Nº 72 al propiciar la suspensión de las contraprestaciones y los pagos que la misma gestión comprometió antes del 9 de diciembre, otorgándose nuevamente la facultad de hacer nuevas negociaciones, con los mismos proveedores, a escasos días de la operación original.
Los últimos cuatro años, los proveedores y contratistas del Estado chubutense fueron sometidos a la verificación de la Ley de Emergencia mencionada, y es importante recordar que fue la discrecionalidad con la que se aplicó esa ley la que dio origen a las causas de corrupción mas importante en la historia de Chubut – Embrujo y Revelaciones -, por eso sería prioritario no volver a otorgar poderes extraordinarios, sino contrariamente mecanismos transparentes y bajo las leyes existentes y con intervención de organismos de Control independientes del Poder Ejecutivo. Posteriormente se sancionó una Ley para garantizar con títulos las deudas verificadas – TICADEP – y al día de hoy casi el 80% de proveedores y contratista después de casi dos años de sancionada, no han percibido sus acreencias ni recibido los títulos.
Todas las fuerzas políticas de la Legislatura tienen la responsabilidad de analizar cada uno de los Proyectos de Ley y, pensando en los chubutenses, decidir sobre las mejores disposiciones mas allá de su circunstancial pertenencia partidaria, proyectando sus efectos en el futuro y procurando garantizar a través de dichas normas, un plan de acción que contribuya a una salida ordenada y previsible de esta profunda crisis, lo que decididamente, no aparece con claridad en las normas presentadas por el Ejecutivo Provincial.
Fuente : Mil Patagonias
