El gobernador vetó la norma que implicaba una presión tributaria para el sector privado, creaba una tasa proporcional al salario de cada trabajador que debía ser pagada por el empleados.
La Ley creaba una tasa a las empresas privadas que no tomaran personal nacido o con residencia de al menos cinco años en la provincia.
El veto argumentan en el texto, que dicha ley no se condice con “políticas tributarias tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales”.
En ese marco, manifiesta que “los derechos y garantías constitucionales de los trabajadores y de las personas en posibilidad de acceder al trabajo en condiciones de igualdad no se encuentran adecuadamente resguardados en el proyecto sancionado”.
Además, sostiene que “contradie el compromiso asumido por el Estado Provincia al adherir a la norma nacional”, ya que implica “el aumento de la carga impositiva al sector productivo de la provincia” y que “lejos de fortalecer el mercado de trabajo, desaliente a la radicación en la zona de emprendimientos de desarrollo productivo y consecuentes fuentes generadoras de empleo”.
