Días pasado se conoció la decisión judicial por la cual se dispuso la extinción de una causa por administración fraudulenta contra el ex intendente Sebastián Balochi y parte de su gabinete, para conocer destalles FM Sur 105.5 MHZ entrevistó al Defensor Público Dr. Marcelo Catalano.

Sobre la causa el defensor aclaró que fue extensa y ardua, a la vez explicó, “La labor administrativa desde el punto de vista del Derecho Administrativo, la evaluábamos como adecuada en atención al tipo de actividad que se cuestionaba a aquella gestión. En el caso de la construcción de la escuela había una licitación pública, que había pasado por todos los estamentos y cumplido con todos los elementos propios de una licitación”.

La Fiscalía modificó su teoría del caso

Luego explicó la manera en que se debe encarar una licitación pública, características y agregó, “Nosotros como defensa sostuvimos siempre que no había fraude, lo hacíamos saber en todas las audiencias. Antes que finalizara la investigación que duraba seis meses, la Fiscalía sorpresivamente modifica absolutamente su teoría del caso y cambia la imputación”.

“Esto para nosotros es significativo aclarar, porque es evidente que los elementos con los que contaba, o sea corrobora la teoría de la defensa que no había elementos para considerar aquello”.

En este tema señaló, “Se cambia a una acusación menos gravosa, que sería el incumplimiento de deberes de funcionario. Considero que no había elementos suficientes para sostener la denuncia”.

Catalano atribuyó este cambio a la inexistencia de documentación que acredite el hecho y el no tener por cierto el ilícito.

“No hubo fraude”

Más adelante aseguró, “Ante el cambio de imputación, no solamente corrobora la teoría de la inexistencia del delito de fraude, esto es lo importante, que la gente sepa que no hubo un fraude en la actividad de la gestión Balochi”.

“Lo importante es que en relación a un fraude ha quedado debidamente acreditado, que aquella actividad que se supuso que ocurrió no ocurrió. En relación a esta nueva imputación, incumplimiento de los deberes de funcionario tiene una pena máxima de dos años, la prescripción ocurre a los dos años desde que transcurrió el hecho”.

Prescripción

En este sentido señaló, “La prescripción comenzó a correr a partir de la finalización del período de la gestión Balochi, 11 de diciembre de 2015. Según la Fiscalía esa prescripción no debía seguir corriendo porque en el caso particular de Camarda que actualmente es Concejal, de alguna manera estaba incluido dentro de una suspensión y para Fiscalía obstaculizaba el recurso del plazo de prescripción”.

“La Fiscalía adujo que Camarda podía tener una injerencia, lo cierto es que Camarda tuvo cero injerencia sobre la investigación, tal es así que él pudiendo solaparse detrás de los fueros, no lo hizo y se puso a disposición de la justicia”.

Extinción de la causa

Finalmente sobre las razones de la extinción de la causa explicó, “Al surgir el cambio de imputación, habiendo transcurrido casi 3 años del supuesto hecho, nosotros como Defensa entendimos que estaba prescripta la acción para llevar adelante y someter a juicio por incumplimiento de funciones”.

“Siempre tuvimos en claro, que ninguna de las actividades de Balochi en su gestión, transcurriera de forma irregular”.