La estadística oficial indica que se perdieron 191.300 puestos formales el año pasado. Desde el gobierno buscan instalar la necesidad de la reforma laboral.

“Un mercado laboral demasiado rígido es malo y demasiado flexible, también es malo. Cualquier reforma estructural que se quiera llevar adelante, sea de la naturaleza que sea, es más viable en un marco de crecimiento económico”. Con tales palabras se despegó de cualquier iniciativa de reforma laboral Roberto Cardarelli, el economista jefe enviado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para auditar durante dos semanas la economía nacional y mantener encuentros con funcionarios del gobierno y representantes de la oposición y del sindicalismo. La manifiesta intención del organismo multilateral es no ser señalado por la opinión pública como el responsable de la agenda que el gobierno ya intenta instalar respecto a la necesidad de una revisión de la legislación laboral vigente.

El operativo oficial para poner el tema en discusión, quedó a la vista la semana pasada con un documento publicado por el Ministerio de Producción (MP), titulado “Leyes para la transformación productiva”. El paper quedó envuelto en la polémica por incluir una ilustración en la que siete personas rubias y de traje sostienen en sus espaldas a un centenar de personas morochas. Pero más allá de la controversia, se proponen desde el MP una serie de leyes en materia laboral que entre otras cosas significarían un blanqueo laboral con la condonación de las deudas patronales por aportes y contribuciones, la exención de sanciones administrativas y penal tributaria por el tiempo que se mantuvo empleados en negro, y la derogación de la indemnización agravada por trabajo no registrado.

Aún así, lejos de la autocrítica, el discurso del Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, no incluyó mención alguna a una posible reforma laboral ni planteó una agenda legislativa en torno al tema. Por el contrario, el mandatario se ufanó de haber creado 700.000 puestos de trabajo a lo largo de su mandato. Un dato que cuesta corroborar cuando el propio Ministerio de Producción y Trabajo acaba de admitir que la cantidad total de trabajadores registrados cayó un 1,54% en 2018 y que durante el último año se perdieron 191.000 puestos de trabajo.

“Hace cuatro años que Argentina no genera empleo”, era el discurso gubernamental a principios de 2016. Desde el primer día de la gestión, la necesidad de ‘cambiar’ en materia laboral, fue uno de los ejes de gestión. Sin embargo, los propios datos oficiales revelan que la situación en el mercado de trabajo no solo es similar a la heredada del kirchnerismo, sino que se encuentra aun más deteriorada.

El último “Reporte de Trabajo Registrado” publicado por la Secretaría de Trabajo de la Nación a fines de enero, es elocuente. De allí surge que entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018 se perdieron 121.200 puestos de trabajo en el sector privado registrado, lo que significa una baja del 1,9%. Si se toma en cuenta el punto más alto de la serie en junio de 2017 (ver infograma adjunto), se perdieron 153.700 puestos de trabajo registrados en solo 17 meses.

Pero resulta además que comparando el dato de diciembre de 2018 con el de diciembre de 2015, se registran 11.000 puestos de trabajo privado menos que los que ‘heredó’ el gobierno.

Al evaluar las causas de tal dinámica, la recesión que vive la economía argentina es el primer ítem de la lista. La crisis de demanda que enfrenta el entramado productivo a lo largo y a lo ancho del país es un golpe letal a los niveles de empleo.

El punto queda claro al observar la evolución de la cantidad de trabajadores registrados en cada rama. El segundo infograma detalla la situación de cada sector durante los últimos meses. Queda en evidencia que la industria es la más golpeada por la crisis, lo que ha significado 61.800 puestos menos el último año (-5,2%). El segundo sector más dañado ha sido el comercio, donde se perdieron 30.800 puestos (-2,6%), en tercer lugar la construcción, que destruyó 18.800 puestos (-4%) y en cuarto lugar hoteles y gastronomía, donde se perdieron 6.200 puestos (-2,3%).

Es inevitable trazar el paralelo entre el declive del empleo y el derrumbe del consumo durante 2018, ligado a la vez a la enorme pérdida que experimentó el salario real el año pasado.

En la visión del gobierno sin embargo, el principal escollo para la generación de empleo genuino es el costo que enfrentan las empresas al momento de contratar. En efecto, el último relevamiento sobre Mercado de Trabajo publicado por el Indec, muestra datos preocupantes en relación al empleo no registrado. La información se vierte en el tercer infograma que acompaña la nota, donde se observa que en el tercer trimestre de 2018, de cada 10 trabajadores activos 3,5 se desempeñan ‘en negro’, es decir sin aportes jubilatorios ni cobertura social alguna. El panorama se agrava al desagregar los datos en las diferentes regiones del país, y advertir que en el noroeste argentino el trabajo en negro llega al 41% y en Cuyo al 40,5%. Si se toma el interior del país excluyendo el Gran Buenos Aires, la informalidad laboral asciende al 36,2%.

Queda claro a la vez la excepcionalidad de la región patagónica, donde el efecto “Vaca Muerta” es evidente: La provincia de Neuquén es la única en que el empleo creció fuerte el último año (2,6%).

Con tal panorama, el posible lanzamiento de un blanqueo laboral que planea el gobierno, luce insuficiente si lo que se busca es contener la crisis. Más allá de la reducción de costos relacionados a la contratación y despido, lo que necesitan las empresas es el impulso sostenido de la demanda, algo que solo es posible si se recupera el alicaído poder adquisitivo de los sectores medios.