Mauricio Macri intentó dar un volantazo de agenda pública con el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para instaurar la extinción de dominio, que el Congreso nunca sancionó. Si bien elude al parlamento, el DNU deberá ser estudiado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y avalado por ambas cámaras. Si bien ya aparecieron los primeros planteos de inconstitucionalidad, la oposición también advierte que el decomiso de los bienes de la corrupción y la delincuencia no se aplicará a los casos de evasión fiscal en momentos en que la fuga de capitales batió otro récord en 2018 y llegó a los 27.200 millones de dólares.

Mientras en el Congreso se aguarda por el tratamiento del DNU de Mauricio Macri sobre extinción de dominio anunciado este martes (22/1), los legisladores –aún en receso- se concentran en la constitucionalidad de la norma pero están olvidando que el decreto tiene una gran salvedad: no corre para los delitos de evasión fiscal.

El dato adquiere mayor relevancia porque el día anterior al anuncio presidencial, el Banco Central (BCRA) reportó que la “Formación de Activos Externos del sector privado no financiero” -conocida como “fuga de capitales”- fue en diciembre del 2018 de U$S 862 millones, totalizando unos U$S 27.230 millones.

La abogada Natalia Volosin en una columna de opinión en el portal Infobae también advirtió la excepción y se preguntó: “¿Por qué no incluyeron los delitos tributarios ni los cambiarios ni la intermediación financiera ilegal? La evasión impositiva, por caso, es un delito económico grave que genera muchísimas ganancias ilícitas y que distorsiona la economía. Ni hablar de las cuevas, presentes en casi todas las grandes causas penales de corrupción”.

También cuestionó la herramienta del Poder Ejecutivo: “no hay necesidad y urgencia en los términos del art. 99, inciso 3 de la Constitución Nacional (en adelante CN), tal como ese estándar ha sido interpretado por la Corte Suprema en los fallos “Verrocchi” (1999) y “Consumidores Argentinos” (2010). ¿Cuándo hay necesidad y urgencia? Cuando circunstancias excepcionales hacen imposible seguir el trámite ordinario previsto por la CN para la sanción de las leyes”.

El Congreso nunca sancionó la extinción de dominio. El año pasado el Senado hizo modificaciones a lo aprobado por Diputados, que ahora tiene el proyecto en comisiones. Macri decidió reflotar el tema en medio de los cuestionamientos a la política económica como manera también de cambiar la agenda pública.

Esa fue la primera crítica por parte de los legisladores nacionales. “Que Macri deje de vender humo y que empiece pagando lo que debe a los argentinos por la estafa que hicieron en el Correo“, dijo Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV). “El DNU de Macri no sirve para castigar la corrupción y es inconstitucional“, agregó.

“Si la voluntad era impulsar un cambio en la legislación, ¿por qué el Poder Ejecutivo no incluyó el tema en las sesiones extraordinarias?”, se preguntó el jefe del Bloque Justicialista en la Cámara baja, Pablo Kosineren declaraciones a La Nación.

Miguel Ángel Pichetto, jefe del Bloque Justicialista en el Senado, cuestionó la vía del decreto. “Atento a la importancia de la ley, habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se tratara en Diputados, donde Cambiemos es el bloque mayoritario. El Senado había sancionado una buena ley“.

El DNU deberá ser tratado por la comisión bicameral de trámite legislativo apenas llegue al Congreso. Luego de expedirse por su validez o no, ambas cámaras se abocarán a su debate y sólo puede quedar sin efecto si las dos alas legislativas lo rechazan en votación.

“Quisiera ver si hay algún diputado o algún senador que se oponga a tener una herramienta para luchar contra la corrupción“, desafió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Pero el Gobierno advirtió el malestar que generó el DNU en la oposición peronista y se mostró dispuesto a incluir el tema en sesiones extraordinarias de febrero, “si hay consenso” para avanzar.

Así lo expresó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en la conferencia de prensa posterior a la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente. “Hasta ahora no pudimos llegar a un acuerdo y la Argentina necesita esa herramienta para recuperar lo robado. Por supuesto que si hay una decisión en el Congreso para transformarlo en ley, bienvenida sea”. Y aclaró: “Ahora es la oposición la que tiene que hablar. Mientras tanto, el DNU está vigente y la justicia ya tiene las herramientas necesarias”.

Desde el massismo en Diputados, su jefa de bloque Graciela Camaño, adelantó que propondrán una iniciativa para que “no haya cuestionamiento constitucional”. Dijo que el decreto posee “contradicciones” y señaló que Cambiemos “nunca tuvo intenciones de que el proyecto saliera, fundamentalmente en lo que hace a la tipificación de la corrupción”.

Desde el kirchnerismo fueron directo a la cuestión de la evasión: el bloque parlamentario en el Senado que integra Cristina Fernández y es presidido por Marcelo Fuentes consideró primero que “el apuro en suplantar una ley del Congreso por un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado en pleno receso legislativo solamente responde al intento del presidente Mauricio Macri por desviar la atención de los temas que preocupan a la mayoría de los argentinos y las argentinas que no llegan a fin de mes, producto de las malas decisiones que este gobierno ha tomado en materia política, económica, financiera y fiscal”.

“Por otra parte, si se trata de obtener dinero para construir jardines de infantes o realizar obras que mitiguen las inundaciones, el Gobierno podría ir hoy mismo por un porcentaje de los beneficios exorbitantes que gracias a este modelo obtienen los especuladores financieros con los intereses de las Leliqs y las grandes empresas energéticas por las utilidades que les brindan las tarifas dolarizadas”, agregaron.