Financiamiento político: ¿Vuelve la ‘cajita feliz’ del Estado?

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El Gobierno nacional oficializó este miércoles (12/12) la extensión de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación hasta el 28 de diciembre. Incluyó en el temario temas pendientes como el proyecto de ley contra los barrabravas y el de financiamiento de los partidos políticos que pone límites a los aportes económicos empresarios y fija las reglas de juego para la próxima campaña electoral. Se trata de un tema sensible para la política después de los escándalos de los cuadernos de las coimas que afectó al peronismo y el de los ‘aportantes truchos’ que involucra Cambiemos. El problema que tiene Mauricio Macri es que Elisa Carrió rechaza de plano el aporte de las empresas, por eso la iniciativa se tratará primero en el Senado, donde hay más acuerdo. Pero la cuestión de fondo es cómo se financia la campaña 2019 si se aprueba la ley y, especialmente, después de lo que pasó con los empresarios en el caso de los cuadernos, muchos de los cuales confesaron haber entregado dinero para campañas. En ese contexto, manejar las cajas del Estado vuelve a ser determinante.

Mauricio Macri insistirá con el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos a pesar del rechazo público de Elisa Carrió, que días atrás obligó a congelar el tratamiento parlamentario del proyecto tratado en el Senado. La líder de la CC-ARI rechaza de plano los aportes de empresas a las campañas políticas a pesar de que la norma en debate reduce el porcentaje económico y fija las reglas de juego para la política.

Pero el problema central es cómo se financia la próxima campaña política si se aprueba el proyecto de ley que limita a los aportantes, especialmente después de lo que ocurrió con la causa de los cuadernos de las coimas, donde grandes empresarios se convirtieron en arrepentidos que reconocieron haber pagado grandes sumas de dinero en negro en concepto de aportes de campaña al kirchnerismo.

El macrismo, por su parte, tiene la denuncia de los ‘aportantes truchos’, tema que lo obligó a enviar al Congreso una iniciativa para transparentar la cuestión a modo de superar el escándalo.

Para empezar a dilucidar el tema lo primero es consignar que el proyecto de financiamiento ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto del Senado y hay acuerdo con la oposición peronista. El problema lo tiene Cambiemos en Diputados con sus propios legisladores, algunos de los cuales –como Carrió- rechazan el aporte empresarial.

Los puntos principales de la iniciativa que tratará el Senado son:

–         Se habilita los aportes de personas físicas y jurídicas hasta el 5% de los gastos permitidos para la campaña

–         Los aportes deben ser mediante transferencia bancaria

–         Se reduce a la mitad el tiempo de programación de los medios de comunicación destinado a mensajes proselitistas.

–         Los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para sus campañas electorales.

–         Se mantienen las prohibiciones legales actuales: no pueden hacer aportes los sindicatos; empresas concesionarias o contratistas de nación o provincias; empresas de juegos de azar o extranjeras sin domicilio o residencia en el país, etc.

–         La Cámara Nacional Electoral creará un “Registro de Trazabilidad de Aportes a Agrupaciones Políticas”, que estará disponible online, donde los partidos deberán registrar los aportes privados.

Entre la nueva reglamentación y la desconfianza que quedó en el empresariado argentino, el financiamiento de los partidos políticos volverán a tener vital importancia las cajas estatales, nacional y provinciales, por ejemplo, mediante la incorporación de partidas en el presupuesto de publicidad estatal o ayuda social.

Como referencia, Mauricio Macri llegó a la Presidencia con una ‘inversión’ de campaña que tuvo $1.000 millones más que lo declarado ante la Justicia electoral.

Esto abre otro interrogante: cómo queda la situación de los recaudadores, que con la ley también tendrán más controles. Cada partido deberá tener dos responsables económico-financieros al momento de presentarse para competir en la elección. Uno de ellos deberá ser autoridad partidaria y el otro deberá contar con matricula profesional vigente de contador público.

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