El Gobierno firmó el decreto que establece un pago obligatorio de 5000 pesos, en dos cuotas, para el sector privado y acordó extenderlo a los estatales nacionales. La CGT se mostró conforme con el bono para compensar el derrumbe salarial producido por la devaluación y la estampida de precios. El Frente Sindical, las CTA y los movimientos sociales seguirán adelante con el paro
El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto que establece un bono de 5000 pesos con carácter excepcional y obligatorio a trabajadores del sector privado, surgido de un acuerdo con la CGT y cámaras empresarias para paliar la pérdida de poder adquisitivo a raíz de la alta inflación. La suma no remunerativa, que cobrarán privados bajo convenio, podrá ser pagada en dos cuotas o más –en caso de que la actividad evidencie una situación de crisis–, computarse a cuenta de la reapertura de paritarias de este año y, para aquellos que no trabajan jornada completa, será proporcional a las horas trabajadas. Los ingresos no recibidos por la pérdida de poder adquisitivo este año, es decir, la diferencia entre la inflación y lo que subieron los salarios, se ubica entre 25.000 y 50.000 pesos según el sector que se analice. Tan inocuo como el bono, el decreto establece también la formalidad de exigirle a las empresas “notificar” al Ministerio de Producción y Trabajo la decisión de realizar despidos con diez días de anticipación, medida que regirá hasta el 31 de marzo. Esta obligación no rige para la construcción. El decreto no alcanza a los trabajadores del sector público nacional, aunque el Gobierno acordó con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) incorporar el bono a la reapertura de su paritaria (ver aparte). Los trabajadores públicos provinciales y municipales, los empleados agrarios y de casas particulares quedaron fuera de la compensación.
El Gobierno acordó la propuesta con la CGT para desactivar la amenaza de un nuevo paro general, previsto para la segunda quincena del mes, y puso a sus funcionarios a trabajar en un bono que con el pasar de los días se fue devaluando cada vez más. El primer anuncio, sin más precisiones que el monto de 5000 pesos, fue suficiente para abortar la medida de fuerza. Desde el sector empresario, de todos modos, pusieron el grito en el cielo por la imposibilidad de pequeñas y medianas empresas de afrontar la reparación. La tarea oficial se enfocó en diluir técnicamente el acuerdo sin reactivar el descontento cegetista.
En el primer artículo del decreto se establece una asignación no remunerativa “que ascenderá a la suma de 5000 pesos” y que se pagará en dos cuotas: la mitad con el haber de noviembre y el resto con el de enero. Sin embargo, en el tercer artículo se aclara que “podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos (hasta completar los 5000 pesos) para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”. No se establece cuál será el criterio para definir esta condición que parecen compartir casi todas las ramas productivas. Otra salvedad es que cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional –es decir, no se trabaja jornada completa–, la asignación será “en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el convenio colectivo”.
En el caso de que se hayan reabierto paritarias, se podrá computar el bono como parte de la mejora: “Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo podrán establecer que las sumas referidas en el artículo 1 se computen hasta dicho monto, a cuenta de las sumas que pacten en concepto de revisión salarial”. Se refiere a los aumentos ya acordados o los que se negocien a futuro por la reapertura de paritarias de este año. La incorporación de los 5000 pesos como parte de la mejora salarial adquirirá carácter remunerativo, aclara el decreto.
La medida dispone además “un procedimiento” por el cual los empleadores, antes de aplicar despidos sin justa causa en contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con diez días de antelación. La medida regirá hasta el 31 de marzo. “El ministerio, de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar durante el plazo fijado las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción”, detalla el artículo siete del decreto. En el último capítulo se exceptúa del “mecanismo” para evitar despidos a personal de la construcción, uno de los sectores más castigados y con mayor nivel de caída de puestos de trabajo.
Tanto desde la CGT “amigable” como desde el Gobierno pretendieron mostrar este acuerdo como equilibrado y repitieron la idea de que “nadie quedó contento del todo” con el resultado final. Se supone que en toda negociación las partes ceden y, por eso, nadie queda conforme absolutamente. Pero en este caso no hay conformidades porque la solución no equilibra la situación de los trabajadores y para algunas empresas es imposible de afrontar. En el medio, la tarea oficial se enfocó en diluir el impacto del acuerdo sin reactivar el descontento cegetista. Esa labor quedó plasmada en el decreto que se publicará hoy en el Boletín Oficial, luego de que Macri lo firmara ayer, según confirmaron los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
