A sólo un año de las elecciones presidenciales, la última Carta de Intención al FMI y el reporte del staff que aprobó el nuevo acuerdo con el organismo revelan dos cuestiones fundamentales. La primera es la estrategia del gobierno para llegar a las elecciones de 2019. La segunda es el fuerte apoyo político del Fondo, es decir de Estados Unidos, a Mauricio Macri, apoyo que llega al punto de retorcer proyecciones para fingir la sustentabilidad externa de largo plazo. Del informe del staff surge una conciencia clara de la insustentabilidad de la deuda. Se le contrapone una excesiva confianza en que será refinanciada por los mercados voluntarios una vez que el ajuste reencause la economía. Es decir que hay un fuerte supuesto: que el potente torniquete del déficit primario cero en 2019 y el superávit en 2020 permitirán recuperar “la confianza de los mercados” y, con ello, retomar el crecimiento. Es decir todo mejorará cuando el ajuste fiscal logre aquello que históricamente nunca logró.
El análisis incluye también otro clásico del organismo, el reconocimiento de que todas las proyecciones del primer acuerdo, realizadas ayer nomás, no se cumplieron: la recuperación de la confianza de los inversores estuvo por debajo de lo esperado, la devaluación fue mucho mayor y el crecimiento será todavía menor. Y en particular también reconoce el error sobre el dato que más importa: la magnitud de la deuda pública y su evolución, a la que ahora considera “sostenible pero no con una alta probabilidad”.
Según el reporte “se proyecta que la deuda del gobierno federal (…) aumente por encima del umbral de alto riesgo (70 por ciento)”. En concreto, en 2018 superará el 80 por ciento del PIB. Dada la fiabilidad histórica de las proyecciones, las tablas que muestran a la deuda descendiendo en torno al 60 por ciento para 2023 son completamente irrelevantes. El Fondo advierte también sobre la alta proporción en moneda extranjera de los pasivos, ese detalle siempre desdeñado por los economistas del establishment, y lo matiza recordando que una porción importante es intra sector público. Pero es sobre esta base de una deuda pública “sostenible pero no con una alta probabilidad” es que aconseja aumentar los desembolsos según el pedido de la Carta de Intención.
El dato central, entonces, no es que se aumenta en algo más de 7000 millones de dólares hasta más de 57.000. Tampoco que esta semana llegarán 5700 millones. El dato clave es que alrededor del 88 por ciento del programa, poco más de 50 mil millones, se desembolsará durante la actual administración. Dado que ya se recibieron 15.000 millones, esto quiere decir que en el año que comienza a partir de hoy el gobierno de Mauricio Macri recibirá 35.000 millones adicionales. Estos números deben compararse no sólo con los vencimientos totales, que en lo que resta de 2018 y en 2019 suman, entre letras y bonos, capital e intereses, el equivalente a más de 80.000 millones de dólares (para simplificar la exposición, dado que es mala praxis sumar pasivos en pesos y en dólares). A los vencimientos de deuda deben agregarse las restantes fuentes de demanda de divisas. Se espera que el déficit de turismo y el comercial, así como la remisión de utilidades, se alivien por el combo devaluación más recesión, algo que ya comenzó a suceder, pero no pasará lo mismo con la salida de capitales, que no se detuvo este año y normalmente aumenta en los años electorales.
La fuga de 2018 se proyecta en 30.000 millones (ya van cerca de 25.000) en tanto se esperan 40.000 para 2019, aunque las proyecciones siempre son aventuradas. Los números revelan que el fuerte apoyo del FMI significa un alivio cierto para una economía que en sólo dos años fue llevada nuevamente al borde del default. Pero la sostenibilidad de la deuda dependerá de factores adicionales que involucran componentes con algo de azar, como la renovación de vencimientos, el contexto global y, precisamente, “la confianza de los inversores”, amén de seguir renovando el acuerdo con el Fondo, ahora bimestralmente. No todo es pájaro en mano y hay muchos volando todavía. Quizá a esto se refiera el FMI cuando dice que la deuda es “sostenible pero no con una alta probabilidad”.
A pesar de este escenario, la lectura del Gobierno, según surge de la Carta de Intención, es optimista. Además de la dimensión que corresponde al mundo de las creencias, como por ejemplo que el ajuste será expansivo y que logrará recuperar la confianza de los mercados, se suma el factor cosecha. Como siempre, les ponen muchas fichas a los dólares que aportará el campo.
Otro componente clave será la decisión, también en línea con el FMI, de “contener por abajo”, o sea destinar más recursos para la ayuda a los más pobres, pero con la novedad de que los aportes en dinero se reforzarán en especie con el reparto de alimentos y medicamentos, lo que supondrá una interacción extra (hacer política) con los movimientos sociales y otras organizaciones con presencia territorial.
Otra lectura compartida por el Gobierno y el Fondo es que la resistencia social y política al ajuste lanzado fue más baja de lo esperado. Según sostiene literalmente el reporte del Staff: “A pesar de una situación económica complicada y una historia difícil de los préstamos del FMI a la Argentina, la oposición social al programa ha sido más moderada de lo que podría haberse esperado”. La conclusión surge de sumar la disposición de la mayoría de los gobernadores a compartir el costo del ajuste, el apoyo del “jefe del bloque del partido Justicialista en el Senado” y, por supuesto, la aprobación del jueves en Diputados del Presupuesto de déficit cero, un apoyo legislativo tácito y mayoritario al programa con el organismo. La percepción política del Fondo es más correcta que sus proyecciones numéricas. No debe sobreestimarse, pero tampoco subestimarse, la capacidad de Cambiemos para hacer política, incluso en un escenario muy adverso. A juicio del FMI, el Gobierno demostró “capacidad institucional y política para realizar el ajuste”.
Será sobre estas bases que Cambiemos sostendrá la campaña para la reelección de sus tres alfiles máximos en Nación, PBA y CABA. La lectura principal para el Gobierno sería que la población acepta y entiende el ajuste como un mal necesario, en tanto sus efectos extremos en las clases más bajas serán contenidos con el refuerzo de la asistencia económica y en especie, lo que servirá para la negociación política territorial, donde las voluntades son más adversas. Los 35.000 millones del Fondo deberían alcanzar para estabilizar la macroeconomía y, si todo sale bien, evitar nuevos saltos devaluatorios al menos durante el próximo año.
Sobre la fecha de las elecciones los indicadores comenzarán a compararse contra los peores momentos de 2018, es decir que no serán tan negativos. Esto le permitiría al ejercito mediático reeditar nuevamente que “lo peor ya pasó”, mientras gracias a un poco de apreciación cambiaria se relajará la presión sobre el salario y la demanda.
Como económicamente todo igual tendrá gusto a poco, ya que un nuevo shock de consumo como en 2017 es impensable por la restricción de la cuenta corriente y del Gasto, será necesario que se hable de economía lo menos posible y que se redoble la demonización del adversario, “la cleptocracia populista”, tarea que seguirá cumpliendo la trinidad “AFI – Comodoro Py – prensa hegemónica”.
Si se miran los números, el Gobierno podría caerse solo. Sin embargo, ello podría no suceder en 2019. Si la verdadera oposición no se dispone a tragar saliva, apurar los tiempos y construir lo más pronto posible una alianza muy amplia, podría en cambio concretarse otro vaticinio muy conocido: en 2020 todos estaremos muertos.
