El gasto social tendrá un ajuste de un punto porcentual del Producto Bruto si se aprueba el proyecto oficial de Presupuesto 2019, advirtió un estudio privado, en el cual se hizo notar que salud y educación serán los más afectados.
El informe fue elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y advirtió que “el recorte real del gasto social alcanzaría el 10% en tan solo dos años”.
En ese sentido, alertó que “se consolidará un esquema de redistribución del gasto social entre pobres en el cual para cumplir con la movilidad jubilatoria se recortan a otras funciones sociales”.
Estimó que el programa de asignaciones familiares caerá un 3,7% en términos reales, mientras la pensión universal para el adulto mayor lo hará un 6,4%.
Consideró que la educación será “de las partidas más afectadas” por entender que “se invertirá 5.863,8 millones menos en infraestructura y equipamiento, 3.416,9 millones menos en fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”.
Además, evaluó que el sector de la salud también será perjudicado ya que se invertirá 1.022,6 millones menos en el programa de Atención a la Madre y el Niños y 512 millones menos en Salud Familiar y Comunitaria”.
“Si se aprueba el Presupuesto nacional para 2019, se completa un ajuste de un punto porcentual del PBI del gasto social”, subrayó.
Evaluó que “se efectuará un recorte en el financiamiento real destinado a los hospitales públicos nacionales” que representará una caída de 13,9% para el Hospital Posadas, de 19,2% para el Hospital Nacional Baldomero Sommer y de 18,7% para Colonia Montes de Oca.
El sondeo puntualizó que se invertirá 1.872 millones menos en abordajes territoriales por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y habrá un recorte de 587 millones en promoción y asistencia a espacios de primera infancia.
También apuntó: “Los principales programas destinados a la generación de empleo serán recortados”.
“Se invertirá 136,4 millones menos en acciones de capacitación laboral, 414,8 millones menos en formulación y regulación de política laboral y 83 millones menos en fiscalización del trabajo no registrado”, indicó la entidad.
Además, alertó que “habrá 16.025 pensiones por invalidez menos”.
